La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) prepara una consulta pública para establecer lineamientos técnicos contra el envío de llamadas y mensajes SMS no solicitados, incluidos aquellos utilizados para phishing, suplantación de identidad y fraude bancario.
La propuesta busca que los operadores fijos y móviles identifiquen tráfico anómalo, bloqueen remitentes sin autorización y habiliten herramientas de filtrado para reducir el uso de las redes de telecomunicaciones en actividades fraudulentas.
Una regulación enfocada en los mensajes masivos
El proyecto contempla obligaciones para los operadores y mayor visibilidad sobre las empresas que participan en el envío masivo de SMS. La cadena incluye anunciantes, agregadores, plataformas de comunicación como servicio y compañías de telefonía móvil.
Este mercado se conoce como A2P, por Application-to-Person, y permite que una plataforma genere comunicaciones automatizadas hacia los teléfonos de los usuarios. Se utiliza para enviar confirmaciones de compra, avisos de citas y códigos de autenticación, pero también puede ser aprovechado para distribuir spam y mensajes engañosos.
El riesgo aparece cuando un mensaje promocional o supuestamente transaccional llega sin consentimiento, solicita datos personales o dirige al usuario a un enlace fraudulento. La falsificación del remitente y las llamadas rutas grises dificultan identificar el origen real del tráfico.
Numeración y mecanismos de exclusión
Entre las medidas planteadas se encuentra la asignación de numeración específica para distinguir los mensajes publicitarios de los transaccionales. La propuesta considera que los números iniciados con 60 se destinen a publicidad y los que comiencen con 30 correspondan a comunicaciones transaccionales.
También se prevén mecanismos para que las personas dejen de recibir determinados mensajes mediante respuestas como “Alto”, además del fortalecimiento del Registro Público para Evitar Publicidad, administrado por la Procuraduría Federal del Consumidor.
Los operadores tendrían que incorporar sistemas automatizados para bloquear llamadas y SMS relacionados con actividades fraudulentas. La regulación pretende actuar tanto sobre los remitentes como sobre las rutas y plataformas empleadas para distribuir las comunicaciones.
El impacto en la cobranza telefónica
El debate coincide con la suspensión temporal de líneas telefónicas con terminación 0 que no fueron vinculadas con la CURP de su titular. Esta medida podría reducir la capacidad de contacto de los despachos de cobranza y de las instituciones financieras con personas que mantienen adeudos.
La Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos estima que la cancelación de líneas podría ocasionar pérdidas para ese sector de entre 8 mil 500 y 28 mil 600 millones de pesos. El efecto dependerá de la cantidad de líneas afectadas y de los mecanismos alternativos de comunicación que adopten las empresas.
La CRT tiene previsto abrir el proceso de consulta en septiembre de 2026. Después deberá revisar las opiniones recibidas y, eventualmente, aprobar las disposiciones que definan las nuevas obligaciones para los participantes del mercado de mensajería móvil.